Un estudio reciente revela que el 56% de la niñez en Puerto Rico vive en condiciones de pobreza, con impactos desproporcionados según raza, género, región y discapacidad.
Por Laura López-Aybar, PhD
La pobreza es un problema sustancial en Puerto Rico y uno que debe ser atendido con la mayor urgencia posible. Más de la mitad de la población infantil puertorriqueña es pobre, lo cual tiene muchísimas implicaciones para su desarrollo, bienestar y transcurso de vida. Todos estos factores contribuyen a un mayor riesgo de experimentar malestar emocional dentro del contexto colonial puertorriqueño. Esto se debe a que la infraestructura general del país perpetúa las condiciones de pobreza, desde la falta de acceso al agua limpia, los apagones, la falta de transportación, la localización geográfica, entre otros. Es tanto así que, para las familias que viven bajo el nivel de pobreza, estas condiciones han continuado a través de las generaciones.
Este estudio buscó generar datos y recomendaciones para orientar políticas públicas dirigidas a erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico. Emplearon un enfoque interseccional, participativo y basado en derechos humanos, buscando colocar a la niñez y adolescencia en el centro de las decisiones gubernamentales. Adoptaron un marco que considera la situación de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, manteniendo conciencia sobre las limitaciones autonómicas y económicas que esto implica para la isla. Esto incluye el hecho de que, bajo la realidad de estatus colonial, a Puerto Rico se le imponen limitaciones que no consideran ni atienden las condiciones locales de la isla. El equipo investigativo alerta sobre la necesidad de un trabajo cohesivo y colaborativo entre diferentes sectores:
“la investigación mostró como las políticas públicas implementadas en la última década han sido ineficaces en abordar la pobreza infantil de manera significativa. Programas como el Crédito Contributivo por Trabajo y el Child Tax Credit han demostrado tener efectos positivos, pero no han sido suficientes para enfrentar las barreras estructurales que mantienen a muchas familias en la pobreza. Además, se ha identificado una falta de continuidad en las políticas públicas que no ha permitido la consolidación de avances sostenibles en la reducción de la pobreza infantil y la desigualdad social. Así, de la investigación destaca la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes sectores del gobierno, el sector sin fines de lucro, la comunidad, la academia y el sector privado, para maximizar el impacto de las políticas existentes.”
Para la investigación, combinaron enfoques cuantitativos y cualitativos, haciendo análisis secundarios con datos de pobreza infantil de fuentes oficiales (Censo, Administración de Familias y Niños, etc.) y realizando encuestas a 1,548 hogares con menores en pobreza, entrevistas a 48 profesionales clave de sectores como educación, salud, bienestar, vivienda y justicia, así como talleres comunitarios participativos con madres, cuidadores y jóvenes.
Encontraron que el 56 % de la niñez en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Además, hay disparidades significativas en las experiencias e impactos de la pobreza según región, raza, género y situación migratoria o de discapacidad. En general, las niñas y niños racializados, con diversidad funcional y de familias inmigrantes enfrentan múltiples formas de exclusión.
Mirando los Datos Más a Fondo
Disparidades por región
Las tasas de pobreza infantil varían significativamente entre municipios y regiones. Las regiones más afectadas se encuentran fuera del área metropolitana, particularmente en el sur y el oeste de la isla. Los municipios con altos niveles de desempleo, escasez de servicios de salud y deficiencias en infraestructura presentan mayores niveles de pobreza infantil.
Disparidades por raza
Las comunidades negras y afrodescendientes, así como las personas inmigrantes, son sistemáticamente marginadas de procesos de participación, acceso equitativo a servicios y representación en la toma de decisiones. Hay estigmas raciales que afectan cómo son tratadas estas familias por las agencias del Estado (ej. en intervenciones del Departamento de la Familia, escuela, policía, salud). Las familias con niñeces racializadas (especialmente negras y afrodescendientes) reportan mayores dificultades para acceder a servicios básicos y empleo digno. También reportan experiencias de discriminación institucional y barreras adicionales para acceder a ayudas o programas gubernamentales.
Disparidades por género
A raíz de las experiencias de pobreza, las niñas enfrentan mayores riesgos de violencia de género, embarazo adolescente y sobrecarga de responsabilidades domésticas. Las jefas de familia (madres solteras) tienen niveles de pobreza significativamente más altos debido a la falta de apoyo estructural, como cuido accesible, licencias laborales o vivienda asequible.
Según encontraron, los cuidados y la crianza recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, especialmente madres solteras y cuidadoras. Esto perpetúa su precariedad y la de su familia, ya que impide que tengan acceso a trabajos formales. Esto se debe a las implicaciones que conlleva criar y a la falta de flexibilidad y comprensión por parte de los patronos.
Disparidades por situación migratoria
Para las familias inmigrantes también hay factores específicos que atender. Muchas son de ascendencia dominicana y haitiana, y viven formas muy marcadas de exclusión: miedo a buscar ayuda por temor a ser deportadas, negación de servicios públicos y experiencias de racismo institucional. A causa de esto, muchas veces sus hijes pagan el precio, quedando fuera de programas escolares y de salud debido a la documentación requerida.
Disparidades por diversidad funcional o discapacidad
En cuanto a la niñez con diversidad funcional o discapacidades, enfrentan barreras estructurales como la comunicación, la falta de infraestructura y las actitudes discriminatorias dentro del sistema educativo y de salud. Esto se debe a la ausencia de servicios especializados, entornos no accesibles y personal sin formación adecuada. Además, sus cuidadores suelen experimentar mayor estrés financiero y emocional, con pocos apoyos públicos disponibles, lo cual niega sus derechos básicos y refuerza su exclusión.
Impactos de la pobreza en la población puertorriqueña
Según los hallazgos del estudio, la pobreza tiene implicaciones y consecuencias multidimensionales, afectando los accesos a alimentación, vivienda segura, salud, educación y participación social. Las personas encuestadas reportaron experiencias de violencia institucional, estigmatización, discriminación y exclusión de servicios esenciales como los de salud. El informe hace hincapié en que la pobreza infantil no es un problema individual ni familiar, sino que es el resultado de estructuras coloniales, patriarcales, racistas y capacitistas que perpetúan la desigualdad social y financiera.
Además, los hallazgos resaltan cómo la fragmentación entre las instituciones de salud, educación, bienestar social y justicia afecta la efectividad de las intervenciones existentes para mitigar la pobreza, debido a que no tienen comunicación entre ellas. Esto, a su vez, provoca que estos servicios estén repletos de procesos burocráticos muy poco organizados y que, en muchas ocasiones, sean revictimizantes, promoviendo aún más las desigualdades sociales ya existentes.
Recomendaciones según los hallazgos
Al final del estudio, presentan recomendaciones cruciales que atienden los diferentes sistemas y niveles de infraestructuras sociales responsables de erradicar y prevenir la pobreza infantil. A nivel gubernamental, recomiendan crear una Política Pública Integral de Erradicación de la Pobreza Infantil:
Ejemplo: Integración de datos y servicios entre el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud para que un menor en riesgo escolar reciba apoyo educativo, alimentario y emocional de forma integrada.
Establecer un Gabinete Inter-Agencial para la Niñez, con participación de comunidades y niñez organizada:
Ejemplo: Creación de un organismo con representantes de agencias, comunidades y niñez organizada, que coordine protocolos comunes entre agencias y fiscalice servicios.
Esto va de la mano con asignar un presupuesto con perspectiva de niñez y justicia social, así como eliminar leyes y prácticas punitivas que criminalizan la pobreza.
Ejemplos incluidos en el reporte:
Priorizar fondos ARPA o del PAN para crear centros comunitarios de cuido en municipios como Loíza, Naguabo o San Sebastián.
Revisar la Ley 246 y prácticas del Departamento de la Familia que permiten separar menores de sus familias por condiciones de pobreza en lugar de brindar apoyo estructural.
A nivel comunitario, es necesario que se financien los esfuerzos de las redes y organizaciones con base en las diversas comunidades de Puerto Rico, como huertos comunitarios y redes de cuidado dentro de las comunidades. También, que se brinde apoyo al desarrollo e implementación de modelos de intervención comunitaria basados en cuidados colectivos, como centros culturales y deportivos comunitarios. Por otro lado, es de suma importancia que las voces de niñas, niños y adolescentes se integren en todas las fases de política pública. Esto se puede lograr creando consejos municipales donde se les dé poder de decisión y representación a la niñez y juventud de las comunidades en procesos locales de planificación y política pública.
En torno a todo esto, se debe adoptar un enfoque de derechos humanos y de justicia social en todas las intervenciones estatales. También recomiendan fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente a las violaciones de derechos de la niñez. En su conclusión, el equipo investigativo articula los próximos pasos en cuanto a política pública:
“Al examinar los hallazgos de la presente investigación, éstos sugieren que para lograr la meta de reducir la pobreza infantil en un 50% para el año 2032, como establece la Ley Núm. 84-2021, es necesario implementar políticas públicas integradas que promuevan una solución a largo plazo para atender tanto los determinantes sociales de la pobreza como los factores económicos subyacentes. Por otro lado, resulta necesario, de igual forma, fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo de los programas existentes para garantizar su efectividad y poder promover su escalabilidad y replicabilidad.”
La pobreza, si no es la mayor promotora, es una de los mayores promotores de malestar emocional para las personas y las familias. Al reducir y prevenir que las personas vivan bajo los niveles de pobreza, también reducimos el riesgo de que experimenten malestar emocional severo, como psicosis y riesgo de suicidio.
Algunos países han implementado pagos directos de dinero en efectivo para la niñez y juventudes que viven bajo el índice pobreza; estos han tenido impactos significativamente positivos en prevenir el malestar emocional en estas poblaciones. Además, tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud han hecho llamados para que se transforme el cuidado de la salud mental en uno basado en los derechos humanos. Esto también incluye que se atiendan los determinantes sociales de la salud mental. Estos enfoques alternativos son muy importantes de considerar, ya que estudios previos reportan que, para personas que viven bajo los niveles de pobreza, la psicoterapia sola no es efectiva.
Puedes encontrar el reporte completo aquí
Laura López-Aybar es una sobreviviente de violencia psiquiátrica, intrafamiliar y de género. Posee un doctorado en psicología clínica de Adelphi University en Nueva York y hace investigación multi métodos en determinantes sociales de la salud emocional, primordialmente estigma, discriminación, violencia de género y cambio climático. Aboga abiertamente por experiencia personal y empírica por la abolición y reforma de los sistemas carcelarios, incluyendo el sistema de salud mental desde la práctica de la psicología crítica. Pueden encontrar más de su trabajo en su página de Instagram @aybarpsicologiacritica.
