Un estudio en España encuentra que los amarres, el aislamiento y la medicación forzada predicen trauma, deterioro en el funcionamiento e incrementa las tasas de reingreso a hospitales psiquiátricos.
Por Laura López-Aybar, publicado también en inglés en Mad in America.
Un nuevo estudio longitudinal realizado en el sur de España demuestra que medidas coercitivas como las sujeciones físicas, el aislamiento y la medicación forzada están asociadas con síntomas de trauma, deterioro en el funcionamiento a largo plazo y mayores tasas de reingreso hospitalario en un período de cinco años. A pesar de que estas prácticas aún se utilizan de forma rutinaria en hospitales psiquiátricos bajo el pretexto de garantizar seguridad, la evidencia muestra que hacen más daño que bien, interfiriendo con la recuperación y violando derechos humanos fundamentales. Así lo han advertido repetidamente tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las Naciones Unidas.
El estudio fue liderado por Jesús Herrera-Imbroda desde el Hospital Universitario General de Málaga y examinó los efectos de estas prácticas coercitivas en el estrés traumático, la ideación suicida, el funcionamiento general y la reincidencia desde la perspectiva de las personas hospitalizadas.
Les autores señalan:
“Este estudio resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas usuarias de unidades de hospitalización psiquiátrica, e incluirles, en la medida de lo posible, en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento.”
Desde hace años, sobrevivientes psiquiátricxs, ex-pacientes y profesionales críticas han denunciado que la coerción es antiterapéutica y contraria a los derechos humanos. Este estudio aporta nueva evidencia empírica que respalda dicha postura, demostrando cómo las intervenciones forzadas agravan el trauma y dificultan la recuperación a largo plazo. También refuerza los reclamos del movimiento de sobrevivientes por redistribuir el poder hacia quienes viven las consecuencias del sistema, eliminar las intervenciones involuntarias, y fomentar respuestas comunitarias, lideradas por pares y basadas en la autonomía y la dignidad.
Desde el inicio, les autores establecen que las medidas coercitivas —como las restricciones mecánicas, el aislamiento y la medicación forzada o involuntaria— son comunes en entornos psiquiátricos. Para muchas personas, estas experiencias son parte central de lo vivido durante su hospitalización, describiéndolas como deshumanizantes, punitivas y humillantes.
El estudio se apoya en datos previos que señalan que el uso de la fuerza en contextos de salud mental constituye una violación a los derechos humanos y tiene impactos negativos duraderos en la capacidad de recuperación de las personas.
Se reclutaron 111 participantes de dos hospitales públicos en España: 93 del Hospital Universitario Regional de Málaga y 18 del Hospital General de Jerez de la Frontera. Para participar, debían encontrarse hospitalizadxs, haber vivido una medida coercitiva en las últimas 48 horas, tener entre 18 y 65 años, y estar en condiciones de comprender y firmar el consentimiento informado. Personas con discapacidades intelectuales o del lenguaje severas no fueron incluidas.
El análisis incluyó variables como la coerción percibida, la satisfacción con el tratamiento, cambios en el funcionamiento y síntomas de estrés postraumático. Se empleó un análisis multivariado de varianza y se revisaron expedientes clínicos para evaluar reingresos hospitalarios e intentos de suicidio cinco años después de la evaluación inicial.
Los hallazgos fueron claros: a mayor percepción de coerción, mayor riesgo de trauma y menor satisfacción con el tratamiento. Además, las medidas coercitivas afectaron negativamente la recuperación, incrementaron los reingresos psiquiátricos y limitaron la capacidad de lxs pacientes de mejorar su funcionamiento y calidad de vida.
Les autores concluyen:
“El uso de medidas coercitivas en salud mental es un tema controversial y suele implicar un conflicto entre el respeto a la autonomía de la persona usuaria y la seguridad del personal, de otrxs pacientes o de la propia persona. Su uso aumenta el riesgo de eventos adversos graves, que van desde trauma mental y lesiones físicas hasta la muerte. Estas prácticas pueden constituir violaciones de derechos humanos, y quienes las han vivido suelen describirlas como antiterapéuticas, punitivas, humillantes o traumatizantes.”
Este estudio demuestra que la coerción psiquiátrica tiene efectos adversos duraderos sobre la salud mental. También pone en entredicho la narrativa de que estas medidas son necesarias “por el bien” de lxs pacientes. Urge, por tanto, avanzar hacia modelos basados en la compasión y los derechos humanos.
“Los resultados indican que se deben implementar medidas organizativas y humanizantes durante la aplicación de cualquier medida coercitiva para reducir el trauma y mejorar la experiencia de lxs pacientes. Asimismo, se recomienda evitar el uso combinado de múltiples medidas coercitivas durante la hospitalización, ya que esto puede constituir un factor de riesgo para una peor recuperación y un pronóstico menos favorable.”
Estos hallazgos se suman a una creciente base de evidencia que demuestra que la coerción en contextos de salud mental conlleva peores resultados que los enfoques basados en la compasión, y que no se justifica su uso debido al daño acumulativo que provoca. Aunque a menudo se defiende su uso como mecanismo de “seguridad”, especialmente ante conductas que se perciben como riesgosas, la investigación sugiere que es más beneficioso —y seguro— construir planes colaborativos con las personas uasuarias sobre cómo actuar en momentos de alto malestar emocional.
Tanto la OMS como la ONU han puesto en duda los beneficios terapéuticos de la hospitalización psiquiátrica y han pedido el fin de las prácticas coercitivas. Las personas usuarias reportan violaciones a sus derechos y eventos adversos durante las hospitalizaciones. También se ha encontrado que estas hospitalizaciones aumentan el riesgo de suicidio durante y después del ingreso, erosionan la dignidad y conducen o aumentan el estrés traumático.
Existen alternativas a la coerción que favorecen la recuperación y la sanación emocional. Casas Soteria, centros de descanso entre pares, fincas terapéuticas, el movimiento de escucha de voces y el diálogo abierto son algunos ejemplos de prácticas centradas en derechos humanos y compasión que han mostrado resultados positivos para individuos y comunidades. Además, abordar los determinantes sociales de la salud es clave para entender el sufrimiento humano y cómo prevenirlo.
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Herrera-Imbroda, J., Carbonel-Aranda, V., García-Illanes, Y., Aguilera-Serrano, C., Bordallo-Aragón, A., García-Spínola, E., … & Guzmán-Parra, J. (2025). An Exploratory Study about Factors and Outcomes Associated with the Experience of Coercive Measures in Mental Health Settings. Psychiatric Quarterly, 1-12. https://doi.org/10.1007/s11126-024-10110
Laura López-Aybar es una sobreviviente de violencia psiquiátrica, intrafamiliar y de género. Posee un doctorado en psicología clínica de Adelphi University en Nueva York y hace investigación multi métodos en determinantes sociales de la salud emocional, primordialmente estigma, discriminación, violencia de género y cambio climático. Aboga abiertamente por experiencia personal y empírica por la abolición y reforma de los sistemas carcelarios, incluyendo el sistema de salud mental desde la práctica de la psicología crítica. Pueden encontrar más de su trabajo en su página de Instagram @aybarpsicologiacritica.
